El dedo en la llaga | ESTEBAN FARFÁN ROMERO
Nació Muerto
ESTEBAN FARFÁN ROMERO
La Asamblea Regional se ha empecinado en cometer crasos errores de forma recurrente generando un perjuicio enorme al proceso de la autonomía regional en el Chaco. La Autonomía Regional no es autonomía de verdad, es simplemente un espacio de planificación y gestión concurriendo la inversión pública. No tiene cualidad legislativa y competencias asignadas, elementos indispensables para la constitución de una autonomía de verdad (Art. 272 CPE). Desde el 2009 hemos advertido esta realidad, pero grupos de poderes muy poderosos y muy bien organizados con intereses egoístas, han disfrazado una mentira con una reivindicación legítima del pueblo, la autonomía de verdad. Recién ahora reconocen que nosotros teníamos razón, pero el daño ya está hecho.
El pueblo ha elegido a asambleístas regionales para que pongan en marcha la autonomía que se decidió en diciembre de 2009. La única manera de hacer andar la autonomía es con un estatuto constitucional y serio. Teóricamente los elegidos son las personas más idóneas para administrar este proceso, pero desgraciadamente la realidad nos ha demostrado que la democracia no selecciona precisamente a los más aptos y capaces. Como decía el grande Churchill, la democracia tiene sus imperfecciones importantes. Los asambleístas regionales demostraron sobradamente y de forma probada que no están en condiciones de administrar eficientemente este proceso, a pesar de contar con un jugoso salario (nadie gana como un asambleísta en el Chaco), un substancioso presupuesto económico, logísticas, asesores, oficinas en cada municipio, ampuloso burocracia administrativa, vehículos, viáticos, etc.
Para tener una copia del proyecto del proyecto de estatuto aprobado por la Asamblea Regional (28/09/11), tuve que contratar a James Bond para que en Tarija me consiga una copia, porque aquí en el Chaco, a pesar de mis esfuerzos no tuve éxito. Más secreto que la formula de la Coca Cola. El presidente Raúl Mansilla se ha resistido tenazmente a hacer la entrega de una copia, muy a pesar de las solicitudes formales realizadas. Incluso se le ha negado al Comité Cívico, pero sí hizo la presentación en el salón rojo de la Gobernación de Tarija, despertando desazones en la población chaqueña. Es incomprensible la actitud de Mansilla, cuando en realidad un documento de esta naturaleza debería ser público para sus consideración del pueblo. Actualmente hay facilidades tecnológicas que nos ayudan a poner a disposición masivamente documentos importantes como este a través de la internet de forma inmediata.
Curiosamente ningún chaqueño tiene el documento, pero si un chapaco. Tuve que hacer esfuerzos detectivescos para conseguir una copia y analizar el mismo.
Después de un análisis del mismo, llego a la conclusión que este proyecto es un verdadero mamarracho/bodrio que no debe ser aceptado por la población del Chaco, por su inconsistencia y desapego a la Constitución y leyes vigentes. No es serio.
El proyecto de Estatuto aprobado por la Asamblea Regional no es un documento sensato, por lo que no contienen las mínimas condiciones básicas para el debate público. Contiene elementos anticonstitucionales, ilegales, contradictorios y alejados de la realidad.
Una de las observaciones que hago, más allá de las contradicciones que contiene, es que es un documento absolutamente ilegitimo, pues ni siquiera salió a la luz pública, por algunos elementos revelados ya fue abiertamente rechazado por Yacuiba y Villamontes. La Ley 031 manifiesta que si en una entidad territorial el voto fuera negativo en el referéndum aprobatorio, la iniciativa se extingue (Art. 52, III), lo que significa que si en el referéndum aprobatorio del Estatuto algún municipio le dice NO, todo el proceso se queda en nada, vuelve a fojas cero como dicen los abogados. Por eso la importancia de la legitimidad de este documento.
Unas de las acciones determinantes para la falta de legitimidad de este documento y la pérdida de la misma en los asambleístas es la falta de humildad. El despliegue de soberbia/altanería/arrogancia/petulancia del asambleísta de Yacuiba José Luis García ha sido determinante para que la asamblea pierda aceleradamente prestigio, autoridad y respeto. A esto hay que añadirle la falta de capacidad (idoneidad) de sus miembros, lo que ha determinado este tipo de resultados.
Todas, absolutamente todas las decisiones de la asamblea regional fueron erráticas. Desde sus inicios han cometido error tras error. Fueron cómplices de la aprobación de la Ley Marco que inmoviliza y le pone todo tipo de obstáculos a la autonomía regional, perjudicaron cuatro meses a la región provocando la paralización de la gestión pública departamental por el despropósito de querer hacer aprobar un presupuesto paralelos y después por haber forzado la aprobación de una ley de transferencia de competencia absolutamente inconstitucional, ilegal e inaplicable. Graves errores cometidos. Encima de esto, mucha soberbia e insolencia. Añadido a esto muchos cuestionamientos por el discreto y muy reservado manejo económico.
Lo que sí se puede rescatar es que producto de las múltiples observaciones realizadas, cambiaron de manera importante el Estatuto en relación al primero. Nosotros, hemos realizado públicamente muchas observaciones al original. Es evidente que nuestras observaciones fueron tomadas en cuenta, pero no en su totalidad. Quizás porque no entienden el tema y no muestran voluntad para dejarse ayudar, es que hay muchas limitaciones.
El proyecto de estatuto comienza enunciando que el mismo se sujeta estrictamente a la Constitución y al ordenamiento jurídico (Art, 1, II) pero enseguida hace cuando hace todo lo contrario.
Establece tres fechas cívicas, cuando debería ser sólo una (Art. 3, III), la de la fundación de la provincia Gran Chaco. 12 de agosto y listo.
Establece como capital “honorifica” de la Región Autónoma a Yacuiba (Art. 4, IV), a Caraparí como sede del Órgano Ejecutivo (Art. 38), y a Villamontes como sede de la Asamblea Regional (Art, 26), creando oficinas de Fiscalización en Yacuiba Villamontes y Caraparí. Una asamblea obesa en burocracia. Reparte los órganos complicando la compleja tarea inicial de corregir los errores históricos, en lugar de facilitarle él y trabajo, lo que hace en complicarle las acciones/decisiones. Debe estar en un sólo lugar. Para la definición se debe decidir por consenso popular y no dos personas de forma arbitraria y sin ninguna legitimidad.
El proyecto establece una Asamblea Regional compuesta por nueve asambleístas, dos por cada jurisdicción municipal y uno por cada pueblo indígena. No indica si son por población o territoriales (Art. 19, I). La Constitución (Art. 282) y la Ley Marco de Autonomías (Art. 39) establecen dos tipos de asambleístas, los de población y los territoriales. Grave error u omisión.
De forma curiosa, el artículo 18, II establece que la Asamblea Regional es un espacio institucional donde se encuentra la representación de las mayorías y minorías del pueblo, cuando lo que hace es anular a las mayorías quitándoles la representación que le corresponde. Y lo paradójico, es que son los asambleístas yacuibeños los que esgrimen argumentos contrarios a los intereses de Yacuiba. Se busca asambleístas que representen a Yacuiba.
El proyecto indica que “los asambleístas suplentes podrán ejercer cargos públicos en otras entidades del Estado al Gobierno Autónomo Regional” (Art. 19, III), cuando la Constitución indica todo lo contrario (Art. 150).
El proyecto revela que el “Gobernador” será elegido por sufragio universal y directo (Art. 17, b y 37), cuando la Ley y la Constitución sólo establece la elección de los asambleístas regionales y la Ley Marco instituye que el Ejecutivo Regional (No Gobernador) es designado por la Asamblea Regional a uno de sus miembros. (Art. 40).
El proyecto implanta la “asignación igualitaria” del 45% (Art. 59, II, 4; 36 Y 39, 8) y la distribución e inversión de los mismos igualitariamente en estricto cumplimento de la Ley 3038, DS 29042 y 33 (¿?). Este tipo de esquema financiero contradice el espíritu de la ley Marco sobre la autonomía regional cuando indica que es un espacio para la concurrencia pública (Art. 19). Este proyecto municipaliza la Autonomía Regional, reproduciendo los vicios establecidos con las leyes y Decretos tramitados por el diputado Willman Cardozo. Echa por tierra el objetivo principal de la autonomía regional.
El proyecto insiste en incluir las competencias de la Autonomía Departamental cuando le Ley Marco establece que el Estatuto debe ir al Tribunal Constitucional para su declaración de constitucionalidad sin las competencias delegadas (Art. 41; 74, I). Hay un plazo fatal que tiene la Asamblea Departamental para la delegación, ciento veinte días como máximo.
Para este proceso se requiere de una certificación de la capacidad institucional de la entidad autonómica regional del Chaco. Es necesario un estudio y análisis serio y responsable estableciendo el coste competencial para las decisiones. Personalmente creo que deben ser cuatro las competencias que debemos asumir, bajo esquema de concurrencia no sólo del 45%. Pretender acaparar casi todas las competencias de la Autonomía Departamental sin una base determinante, es muy irresponsable. No se pueden tomar decisiones sin sustento técnico argumental.
El proyecto crea dos tipos de normas que aprobará la asamblea regional (Art. 29 y 30), resoluciones Normativas y Resoluciones administrativas cuando la Constitución establece que solo tiene facultad para normar asuntos administrativos (Art. 281). No tiene cualidad legislativa, por lo que no puede generar leyes. La Ley Marco ratifica/reglamenta lo que establece la Constitución (Art. 37), por lo que autonomía regional solo tiene capacidad de reglamentar las decisiones de la Asamblea Legislativa Departamental (Art. 41, I, IV). El Estatuto hace que la asamblea legisle, cuando solo reglamenta asuntos administrativos. Grave inconstitucionalidad.
Hay un anexo compuesto por cuatro artículos que contradice abiertamente el cuerpo. Se entiende que un anexo es un complemento del cuerpo de un documento, pero en este caso el anexo patrocinado por la asambleísta de Villamontes Udy Peñaranda no coincide con los términos del estatuto, lo que convierte en otro documento paralelo. Esta situación demuestra la falta de capacidad de concertación de la Asamblea Regional. Este hecho pone en serio peligro la validación del documento.
No existe un mecanismo institucional y de coordinación con la Gobernación Departamental/Asamblea departamental. No hay ningún organismo que ensamble y coordine decisiones importantes departamentales. Esta bisagra es muy importante para que la autonomía corra, de lo contrario no servirá de mucho, ya que la misma está supeditada a la legislación departamental.
No hay la conformación del CRES (Consejo Regional Económico Social), una entidad muy importante para la planificación y decisión participativa que concentra la institucionalidad de la región (Art. 24). Una omisión muy importante que afecta las bases/viabilidad de la autonomía regional.
Los indígenas son ninguneados. No se crea una institución propia que busque coordinación para la planificación y participación. Se requiere que existan instituciones propias que los incluyan objetivamente al proceso. Lo que hace este proyecto es hacer una relación románticas de elementos culturales/vernaculares sin incidencia en la gestión pública, anulándolos. Da la impresión que nuestros asambleístas creen que la inclusión es escribiendo algunas palabras en su idioma nativo. Mucha pobreza de visión.
Los diversos eventos realizados en Yacuiba en la gestión de García, han exigido que en el Estatuto se defina la construcción de un Colegio Militar, Normal de maestros, Universidad, un Observatorio Astronómico, además de la industrialización del gas. No dice nada de eso. ¿Qué pasó?, ¿acaso no fueron eventos para recolectar demandas que iban a ser incorporados al Estatuto? ¿No es una forma de hacerse la burla del pueblo? ¿Para qué sirvieron esos eventos si no van a ser incorporadas sus iniciativas?
José Luis García en una conferencia de prensa ha prometido que los héroes de Transredes iban a estar en el estatuto y sugirió que se les pagaría un monto de por vida. Busque acuciosamente este tipo de figura, pero por mas esfuerzo que hice no encontré. ¿Ahora que dirán los héroes de Transredes?
Ese fue uno de los problemas de la Asamblea Regional. Se ha manejado elementos muy delicados con mucha irresponsabilidad, demagogia, ineptitud, y torpeza. El Estatuto nació muerto, es un esperpento que hay que desechar, pero hay la obligación de salvar a la madre que es el proceso de la autonomía. En el caso de Yacuiba, los asambleístas nuestros no tienen las mínimas condiciones de seguir administrando este procesos, por lo que hay que pedirles respetuosamente un paso al costado, porque están poniendo en serio riesgo esta oportunidad histórica.
La institucionalidad de Yacuiba, tiene la obligación de pedirles la renuncia a los dos asambleístas de Yacuiba, y si éstos se resisten, hay que buscar un mecanismo legal que permita la revocatoria del mandato. Ya no tienen legitimidad, por lo que no están ya en condiciones de seguir al frente de este procedo. Se debe garantizar que personas idóneas, capaces, y competentes retomen y reconduzcan este proceso.
Para este miércoles 19, el Comité Cívico de Yacuiba ha convocado a un cabildo para tomar decisiones al respecto. Ojalá los asambleístas de Yacuiba reflexionen y ayuden a que el proceso continúe positivamente, demostrando en esta oportunidad desprendimiento y lectura política correcta del momento. No es tiempo de atornillarse al curul, llevando al precipicio a un pueblo que tiene esperanza de días mejores. (Yacuiba 12/10/11)
ESTEBAN FARFÁN ROMERO, es periodista, analista político y docente.
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