EL DEDO EN LA LLAGA
Propuestas de Soluciones al Problema de la Canasta Alimentaria
Por: Esteban Farfán Romero[1] (El Marucho[2])
Libertad, Igualdad ante Ley, Gobierno reducido y Economía de Mercado Libre.[3]
E-Mail: elmarucho@elmarucho.com
«Un líder mediocre, más que no construir, destruye lo que ya está hecho.»
- John C. Maxwell (Estadounidense),
experto en liderazgo, "Las 21 leyes irrefutables del liderazgo" 1998.
«La incompetencia en el poder destruye más rápido que cualquier crisis natural.»
- Franklin D. Roosevelt (Estadounidense)
presidente de los EE.UU., Investidura presidencial, 1933.
El panorama actual de la administración pública en la Gobernación del Gran Chaco de Bolivia, bajo la gestión del ejecutivo regional José Luis Ábrego (MAS), evidencia graves deficiencias en el manejo institucional, la planificación y el cumplimiento de las funciones esenciales del Gobierno Regional. La crítica planteada por diversos sectores sociales y políticos, especialmente desde la organización de los dirigentes de la tercera edad, señala una serie de falencias que afectan directamente a la calidad de vida de la población y la eficiencia del aparato gubernamental.
La gestión de Ábrego enfrenta un contexto complejo de ineficiencia y desorganización que ha afectado gravemente el bienestar de la población, especialmente de los grupos más vulnerables, como las personas de la tercera edad. Bajo la gestión del ejecutivo regional José Luis Ábrego, el manejo institucional ha sido criticado por su falta de planificación, la carencia de políticas públicas efectivas y la mala administración de los recursos públicos.
Este articulo tiene como objetivo analizar las causas de estos problemas, proponer soluciones fundamentadas y realizar recomendaciones que fortalezcan la gestión pública, garantizando la optimización de recursos y el bienestar de los ciudadanos. Profundiza en la crítica estructural planteada, analiza las causas subyacentes de los problemas y propone soluciones concretas que podrían mejorar la eficacia de la administración pública regional.
A través de un análisis detallado, se discuten los aspectos legales, financieros y políticos que deben ser considerados para implementar reformas que fortalezcan la gestión pública y aseguren una distribución equitativa de los recursos para satisfacer las necesidades sociales de la región.
Análisis Crítico del Problema
PROBLEMA ESTRUCTURAL: Inutilidad e Incompetencia en la Secretaría de Planificación
El reproche principal que se formula al Ejecutivo Regional y a la Secretaría de Planificación de la Gobernación es la falta de previsión y de acción oportunas para mitigar situaciones de emergencia social, económica o de salud, como las que enfrentan las personas de la tercera edad. Es fundamental destacar que la planificación es uno de los pilares más importantes en la administración pública, pues de ella dependen la organización y distribución de recursos, así como la ejecución de políticas públicas eficaces.
La crítica más directa hacia la Secretaría de Planificación del GAR es la absoluta falta de capacidad para realizar previsiones y manejar adecuadamente los recursos y proyectos. En el contexto de una región con altos índices de pobreza, la planificación es crucial para prevenir crisis económicas, sociales y de salud. La Ley N° 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez”, establece que la planificación en los gobiernos autónomos debe ser integral y participativa. Esto implica que las autoridades regionales deben desarrollar políticas públicas basadas en un diagnóstico real y actualizado de las necesidades de la población.
Sin embargo, la Secretaría de Planificación ha mostrado una clara desconexión con las necesidades de los ciudadanos, evidenciada en la falta de medidas preventivas ante situaciones de emergencia. La planificación no solo debe centrarse en la ejecución de proyectos a mediano y largo plazo, sino también en la capacidad de respuesta ante emergencias inmediatas. En este caso, la crítica sobre la falta de previsión es completamente válida, ya que la función de la planificación debe ser anticipatoria y no reactiva.
Según el artículo 9 y 18 de la Ley N° 031, la planificación debe ser participativa, estratégica, integral y sostenible. La incapacidad de la Secretaría de Planificación para anticiparse a los problemas sociales demuestra una falta de alineación con este marco normativo, generando desconfianza en la población sobre la capacidad de la Gobernación para atender sus necesidades.
Esta responsabilidad ha sido claramente deficiente en el caso del Gobierno Autónomo Regional.
Es importante remarcar que la gestión pública se define por la capacidad de anticipar, planificar y ejecutar políticas y acciones que resuelvan las problemáticas que afectan a la población. En el caso del Ejecutivo Regional del Gran Chaco, bajo el liderazgo de José Luis Ábrego, y específicamente en lo que respecta a la Secretaría de Planificación de la Gobernación, el problema identificado radica en lo que se considera una incompetencia e incapacidad para gestionar los recursos, las políticas y las acciones necesarias para abordar los problemas de la región de manera oportuna y efectiva.
Este análisis no solo se enfoca en señalar la falta de previsión y la ausencia de medidas anticipatorias, sino que también reflexiona sobre las implicaciones políticas, administrativas y sociales de esta ineficiencia, sugiriendo alternativas y planteando posibles soluciones para revertir la situación.
La Deficiencia en la Gestión del Ejecutivo Regional
El Ejecutivo Regional tiene el deber fundamental de liderar el proceso de desarrollo de su región, utilizando los recursos que el Estado le asigna de forma eficiente, responsable y estratégica. En el caso de José Luis Ábrego, la crítica se centra en su incapacidad para tomar decisiones anticipadas, lo que ha tenido consecuencias graves para la planificación del desarrollo regional.
En muchas ocasiones, la gestión pública se ve como un acto reactivo, es decir, respondiendo a los problemas una vez que ya se han presentado, en lugar de adoptar un enfoque proactivo, donde la autoridad se anticipa a los posibles escenarios, identifica los problemas antes de que escalen y propone soluciones adecuadas de forma temprana. La ausencia de previsión en la administración de Ábrego refleja una falta de liderazgo estratégico. Esto no solo genera desconfianza entre los ciudadanos, sino que también pone en evidencia la falta de visión a largo plazo en la gestión pública.
El Rol de la Secretaría de Planificación y su Falta de Funcionalidad
La Secretaría de Planificación es una de las entidades clave dentro de cualquier administración pública regional. Su rol principal es formular políticas, planes y proyectos estratégicos que guíen el desarrollo económico, social y cultural del territorio. En un contexto de gobernanza moderna, esta secretaría debe coordinar y priorizar proyectos que respondan a las necesidades de la población y optimicen el uso de los recursos públicos.
Sin embargo, cuando una secretaría como esta no funciona correctamente, los efectos sobre la gestión pública son devastadores. La falta de previsión y planificación estratégica en la Secretaría de Planificación del Gran Chaco ha llevado a una serie de problemas en la región, que se reflejan en la incapacidad de ejecutar proyectos clave, la descoordinación institucional y la ineficiencia en el uso de los recursos.
Si, como se afirma, la Secretaría de Planificación nunca ha funcionado, esto indica que ha habido fallas estructurales y falta de liderazgo en su interior. No se trata simplemente de un asunto de falta de recursos o de burocracia excesiva, sino de un problema sistémico en el que los responsables no han logrado organizar ni coordinar las políticas regionales de manera adecuada.
Causas de la Ineficiencia: Falta de Previsión y Planificación
La afirmación de que no se han tomado previsiones oportunas expone una de las grandes fallas en la gestión pública de Ábrego. La planificación anticipada es un principio fundamental en la administración pública, y la incapacidad de prever problemas y actuar con antelación refleja una falta de capacidad analítica y de visión estratégica.
a) La designación de personal mediocre y servil
La potestad y capacidad de definir y designar a los colaboradores más próximos (libre nombramiento), es del Ejecutivo Regional, por lo que el único y directo responsable de lo mal que funciona la administración regional, es de él mismo. El gran problema de nuestros políticos criollos, es que privilegian el llunk’erío[4], el servilismo, antes que la capacidad, experiencia y meritocracia, por eso que se rodean de personas con mucha facilidad y predisposición para la zalamería y la adulación. Este es uno de los problemas muy serios y estructural del ejecutivo, al no contar con personal con un mínimo de calificación en los cargos importantes.
b) Descoordinación entre Entidades
Una de las principales fallas que se pueden identificar es la descoordinación entre las distintas entidades del gobierno regional. La Secretaría de Planificación tiene la responsabilidad de actuar como el cerebro del gobierno regional, orquestando las políticas, los recursos y las iniciativas de desarrollo. Si esta entidad no funciona correctamente, la descoordinación entre las distintas secretarías, direcciones y unidades ejecutoras es inevitable, lo que da lugar a solapamientos de tareas, desviación de recursos y falta de eficacia en los proyectos.
c) Falta de Planificación de Recursos
La gestión pública efectiva requiere una asignación precisa de los recursos disponibles. Si la Secretaría de Planificación no ha funcionado, esto implica que no se han hecho análisis adecuados sobre las necesidades de la región ni se han hecho proyecciones realistas para gestionar los recursos de manera adecuada. En lugar de priorizar las necesidades más urgentes, el gobierno regional parece haber optado por una gestión reactiva, tratando los problemas solo cuando se han manifestado.
d) Ausencia de Políticas de Prevención y Mitigación
En la administración pública moderna, la prevención es clave para el desarrollo sostenible. La falta de políticas preventivas ha contribuido a la emergencia constante de problemas sociales y económicos que podrían haberse abordado de manera anticipada. En lugar de actuar en el momento adecuado para mitigar los efectos de estos problemas, el Ejecutivo ha adoptado una postura reaccionaria, lo que genera un ciclo interminable de crisis no resueltas.
Consecuencias de la Incompetencia Administrativa
La ineficiencia en la gestión pública tiene consecuencias directas sobre el bienestar de la población. En el caso del Gran Chaco, la falta de planificación ha afectado aspectos cruciales de la vida cotidiana de los ciudadanos. La incapacidad de la Secretaría de Planificación para prever y coordinar proyectos de desarrollo ha causado el retraso en iniciativas clave, especialmente en áreas como la educación, la salud y los servicios básicos, afectando gravemente a los grupos más vulnerables.
A largo plazo, la falta de previsión y coordinación también mina la confianza en las instituciones públicas, lo que dificulta la gobernabilidad y socava la legitimidad del Ejecutivo Regional. Cuando los ciudadanos perciben que sus autoridades no están gestionando adecuadamente los recursos, pierden la confianza en el sistema político y pueden adoptar una postura desinteresada o incluso hostil frente al gobierno local.
La incompetencia e incapacidad del ejecutivo regional José Luis Ábrego y el fracaso de la Secretaría de Planificación reflejan una serie de deficiencias fundamentales en la gestión pública. La falta de previsión y planificación no solo ha afectado la efectividad de las políticas públicas, sino que también ha comprometido el desarrollo sostenible de la región y la confianza de los ciudadanos en sus autoridades.
Es urgente implementar reformas estructurales que no solo aborden los problemas inmediatos, sino que también construyan una gestión pública más eficaz, transparente y proactiva, centrada en la anticipación y prevención de problemas. Solo así será posible revertir la situación y asegurar un futuro más prometedor para los habitantes del Gran Chaco.
PRIMERA PROPUESTA DE SOLUCIÓN: Inadecuada Asignación Presupuestaria a la Asamblea Regional; Reducción de su Presupuesto de 9 a 5 Millones
En cuanto a la propuesta de ajustar el presupuesto de la Asamblea Regional a Bs. 5 millones anuales y reducir la presencia institucional en Yacuiba y Caraparí, se está proponiendo una racionalización de recursos que parece adecuada en términos de eficiencia administrativa. La descentralización en Bolivia, recogida en la misma Ley de Autonomías, establece que las entidades territoriales autónomas pueden organizarse de acuerdo con sus necesidades, pero también debe existir un balance entre la descentralización y la optimización de recursos.
La propuesta de reducir el presupuesto de la Asamblea Regional a Bs. 5 millones y cerrar las oficinas en Yacuiba y Caraparí, apunta a una racionalización de los recursos, lo cual parece una medida acertada desde el punto de vista de eficiencia administrativa. Según el artículo 270 de la Constitución Política del Estado, los gobiernos autónomos deben garantizar que sus recursos sean utilizados de forma eficiente y transparente, y se debe priorizar el bienestar de la población en lugar de la burocracia administrativa.
El gasto administrativo ha sido uno de los puntos más débiles en la gestión del GAR. En lugar de concentrar recursos en proyectos sociales de impacto directo, se ha dado prioridad a una estructura administrativa sobredimensionada, que genera costos adicionales innecesarios. La propuesta de reducir el presupuesto y cerrar oficinas debe ir acompañada de un proceso de auditoría que permita identificar con precisión cuáles son los elementos burocráticos innecesarios y cuáles son los servicios que deben seguir prestándose en los municipios más alejados.
SEGUNDA PROPUESTA DE SOLUCIÓN: Modificación de la Escala Salarial del Gobierno Autónomo Regional
La propuesta de reducir la escala salarial del Gobierno Autónomo Regional (GAR) con el fin de aplicar un enfoque de austeridad y eficiencia en la administración pública es una medida que responde a la necesidad de hacer un uso más responsable de los recursos del Estado. Este ajuste salarial se propone para el nivel Nº 1, con una reducción significativa de Bs. 13,000 a Bs. 5,000, aplicándose únicamente a los funcionarios políticos y no a los beneficiarios de programas sociales, como las personas de la tercera edad. La lógica detrás de esta medida es garantizar que los recursos se utilicen de manera más efectiva y que se prioricen las necesidades sociales de la región, sin afectar a los sectores más vulnerables.
Contexto de la Austeridad en la Gestión Pública
La austeridad en la administración pública tiene como objetivo la eficiencia en el uso de los recursos públicos, la eliminación de gastos innecesarios y la reducción de la carga financiera sobre el presupuesto del Estado. En tiempos de crisis económica o cuando se busca un mejor aprovechamiento de los recursos, los gobiernos deben garantizar que cada boliviano invertido esté destinado a generar el mayor beneficio posible para la población.
La Ley N° 031 de Autonomías y Descentralización, en su artículo 10, establece que los gobiernos autónomos deben garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos. De igual manera, la Constitución Política del Estado, en su artículo 241, señala que la administración pública debe ser orientada hacia la eficiencia, la equidad y la justicia social, lo cual implica una gestión racional de los recursos disponibles.
En este sentido, una de las áreas más críticas es la asignación de salarios en la administración pública, que a menudo no refleja la eficiencia de los servicios prestados. La implementación de un ajuste salarial, especialmente dirigido a los altos funcionarios políticos, es una medida lógica para fomentar la austeridad en el sector público y asegurar que los recursos sean dirigidos a los sectores que realmente lo necesitan.
Justificación de la Reducción Salarial para el Nivel Nº 1 de la Estala Salarial
La propuesta de reducir el salario de los funcionarios políticos de Bs. 13,000 a Bs. 5,000 responde a la necesidad de aplicar una política de austeridad que garantice la sostenibilidad financiera del GAR, evitando que los recursos se destinen a un gasto innecesario en salarios altos mientras que la población más vulnerable, como las personas de la tercera edad, carece de recursos básicos.
a. Comparación con el Contexto Regional y Nacional
En comparación con el salario promedio de los trabajadores en el sector público y privado en Bolivia, un salario de Bs. 5,000 para un nivel 1 es una cifra más acorde con las condiciones económicas del país y con los principios de justicia social. Además, hay que considerar que el salario promedio en el sector privado es sustancialmente más bajo en muchas regiones del país. La reducción de salarios para los altos funcionarios políticos representa un acto de solidaridad con la población, reflejando un liderazgo que prioriza las necesidades colectivas por encima de los intereses personales o de élites políticas.
En este contexto, la reducción salarial debe ser vista como un acto simbólico que demuestra que el gobierno regional está dispuesto a hacer sacrificios para mejorar la calidad de vida de su población. No se trata de un ajuste que afecte a los servidores públicos de base o a los beneficiarios de programas sociales, sino a aquellos que ocupan cargos políticos de alta responsabilidad, cuyos sueldos no siempre están justificados por los resultados de su gestión.
b. Aplicación de Austeridad a los Políticos y no a los Beneficiarios Sociales
La austeridad debe empezar por aquellos que ocupan los puestos de mayor responsabilidad política y administrativa. No es justo ni ético que los recursos públicos se destinen a mantener altos salarios para funcionarios políticos, mientras que los sectores más vulnerables, como los adultos mayores, carecen de recursos básicos para su sustento. Esta política de austeridad debe ser aplicada de manera selectiva y estratégica, priorizando el bienestar de la población más necesitada.
Las personas de la tercera edad, como se menciona en la propuesta, son uno de los grupos más desprotegidos en nuestra sociedad. En muchas ocasiones, sus pensiones y recursos económicos no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Por lo tanto, la austeridad debe aplicarse a aquellos que ocupan altos cargos políticos, cuyos salarios no son necesarios para garantizar su bienestar. La reducción de los salarios en los niveles altos del GAR, por tanto, tiene como objetivo liberar recursos que pueden ser destinados a programas de apoyo a los más vulnerables.
La Constitución Política del Estado, en su artículo 8, señala que el Estado tiene el deber de garantizar la protección de los derechos de las personas adultas mayores, lo que implica que las políticas públicas deben centrarse en mejorar sus condiciones de vida y no recortarles los recursos a ellos, sino a aquellos que perciben sueldos elevados sin una justificación acorde con el servicio que prestan.
Beneficios de Implementar la Austeridad en el GAR
a) Reorientación de los Recursos hacia el Bienestar Social
El objetivo principal de esta reforma salarial es liberar recursos que puedan ser reorientados hacia programas sociales, como las canastas alimentarias para las personas de la tercera edad. De esta manera, se establece una priorización clara de los recursos públicos, dirigiéndolos hacia donde más se necesitan: en este caso, para la seguridad alimentaria de las personas adultas mayores, quienes muchas veces dependen exclusivamente de los programas sociales para su sustento.
La medida de aplicar austeridad a los altos salarios de los funcionarios políticos también puede generar un ahorro significativo, lo cual contribuiría a la creación de programas destinados a la mejora de la calidad de vida de las personas más vulnerables. Al mismo tiempo, esta acción enviaría un mensaje claro a la población de que las autoridades están dispuestas a sacrificarse por el bienestar de los más necesitados.
b) Fortalecimiento de la Confianza Pública
Una reducción en los salarios de los altos funcionarios del GAR también contribuiría a fortalecer la confianza pública. Los ciudadanos tienden a desconfiar de los gobiernos cuando observan que sus recursos se destinan a mantener salarios elevados para funcionarios políticos, mientras que las necesidades sociales siguen sin ser atendidas de manera adecuada. Implementar una política de austeridad salarial generaría una percepción positiva entre la ciudadanía, mostrando que los funcionarios públicos están comprometidos con el bienestar social.
c) Refuerzo de la Equidad y Justicia Social
En un contexto de desigualdad social como el que atraviesa Bolivia, es necesario que los recursos se distribuyan de manera equitativa. Los salarios altos en la administración pública regional representan una de las principales áreas de inequidad dentro de los sistemas de gobernanza. Al reducir los salarios de los altos funcionarios, se promueve una mayor justicia social, en la que los recursos públicos se utilizan para cerrar las brechas de desigualdad.
Posibles Implicaciones de la Propuesta
La reducción de los salarios de los altos funcionarios políticos podría generar resistencias dentro del aparato gubernamental, especialmente entre aquellos que ocupan cargos de alta jerarquía. Sin embargo, es importante que la propuesta se sustente en un análisis técnico que demuestre que los recursos liberados de esta manera serán destinados a necesidades urgentes y de mayor impacto social, como garantizar la canasta alimentaria. También es crucial que se garantice que la medida no afecte a los servicios públicos esenciales, como salud, educación y seguridad social, que son fundamentales para la estabilidad y bienestar de la región.
Una medida necesaria y urgente
La implementación de un ajuste salarial y austeridad en el GAR, dirigida exclusivamente a los altos funcionarios políticos y no a los beneficiarios sociales, es una medida estratégica que debe ser considerada con urgencia para garantizar una gestión más eficiente de los recursos públicos. Esta acción no solo respondería a las demandas de austeridad y eficiencia, sino que también fortalecería el compromiso del gobierno regional con el bienestar social, especialmente en lo que respecta a los sectores más vulnerables como las personas de la tercera edad.
TERCERA PROPUESTA DE SOLUCION: Fusión de Secretarías y Optimización de la Administración
La propuesta de fusionar secretarías en la administración central y centralizar la toma de decisiones en Villa Montes tiene un fundamento lógico si se busca simplificar la estructura administrativa, reducir costos operativos y mejorar la toma de decisiones. Sin embargo, se debe considerar el riesgo de centralizar excesivamente el poder, lo cual podría generar una desconexión con las realidades locales de Yacuiba y Caraparí.
La Ley N° 031 también establece la necesidad de fomentar la participación de las autoridades locales y regionales en la toma de decisiones, por lo que cualquier cambio en la estructura debe ser consultado con las partes involucradas y garantizar que no se reduzca la capacidad de respuesta en los municipios más alejados.
La reestructuración de la administración pública, especialmente la fusión de secretarías y su reemplazo por direcciones y unidades en los municipios de Caraparí y Villa Montes, responde a la necesidad de optimizar la gestión del Gobierno Autónomo Regional (GAR) del Gran Chaco. Esta medida busca reducir la complejidad burocrática, mejorar la eficiencia en el uso de recursos y asegurar que las funciones administrativas sean lo más simples y directas posible, con un enfoque descentralizado que fortalezca los servicios a nivel local.
La fusión de secretarías y la reconfiguración de la administración son propuestas fundamentales para mejorar la operatividad del GAR, alineadas con los principios de eficiencia, austeridad y descentralización establecidos por la legislación boliviana. Esta solución debe garantizar que la reforma no implique una pérdida de capacidad operativa, sino más bien una reorganización eficiente que optimice los recursos y las funciones del gobierno regional.
Marco Legal para la Fusión de Secretarías
a) Descentralización y Autonomía
La propuesta de reemplazar las secretarías por direcciones y unidades en Caraparí y Villa Montes debe alinearse con los principios de descentralización y autonomía establecidos en la Constitución Política del Estado y la Ley N° 031 de Autonomías y Descentralización.
En este sentido, el artículo 5 de la Ley N° 031 establece que la autonomía de los gobiernos regionales y municipales debe estar orientada al bien común y a la eficiencia en la gestión pública. La reorganización administrativa debe centrarse en fortalecer las capacidades de los municipios, respetando su autonomía y buscando una mayor cercanía con las necesidades locales. Las direcciones y unidades en Caraparí y Villa Montes, al ser una estructura más sencilla y funcional, pueden actuar con mayor eficacia y flexibilidad en la atención de las demandas de la población.
Además, el artículo 7 de la Ley N° 031 establece que las entidades de los gobiernos autónomos deben priorizar la eficiencia, calidad y oportunidad de los servicios públicos. La fusión de secretarías y su sustitución por direcciones y unidades puede contribuir a una mejor gestión de los recursos humanos y materiales, reduciendo la burocracia innecesaria.
b) Reducción de la Burocracia y Optimización de Recursos:
La ley también reconoce la necesidad de racionalizar la estructura administrativa de los gobiernos autónomos para garantizar una mayor eficiencia. La Ley N° 974 de Transparencia y Lucha contra la Corrupción establece que las entidades públicas deben actuar con responsabilidad y eficiencia en el uso de los recursos. En este sentido, la fusión de secretarías representa una forma de eliminar duplicidades y mejorar la efectividad del uso de los recursos públicos.
Los funcionarios que ocupan puestos en secretarías con funciones similares pueden ser reubicados en nuevas direcciones, lo que permitirá un uso más eficaz de los recursos humanos y financieros. La simplificación de la estructura administrativa también permitirá reducir costos operativos, al eliminar cargos innecesarios o duplicados, y garantizar que los recursos se destinen directamente a los servicios que más lo necesitan.
2. Justificación de la Fusión de Secretarías y Reemplazo por Direcciones:
a) Mejorar la Eficiencia Administrativa
Las secretarías son, en muchos casos, unidades de gestión que tienden a ser estructuralmente complejas y pueden generar duplicidad de funciones, lo cual es innecesario para una gestión pública eficiente. Las direcciones, en cambio, son estructuras más ágiles y adaptables, con un enfoque más directo en la ejecución de políticas públicas. En muchos gobiernos regionales y municipales a nivel mundial, la transición de secretarías a direcciones ha demostrado ser efectiva en términos de mejorar la eficiencia administrativa y reducir costos.
El Principio de Eficiencia Administrativa, establecido en el artículo 28 de la Ley N° 2027 de la Función Pública[5], resalta la necesidad de hacer uso racional de los recursos del Estado. Por tanto, la fusión de secretarías y la creación de direcciones tiene como principal objetivo mejorar la eficiencia en la ejecución de políticas públicas, reducir el gasto innecesario y asegurar que los recursos se utilicen para cumplir con los objetivos establecidos.
b) Hacia una Descentralización Funcional y Articulada
Por el mal diseño institucional organizacional, en el Gobierno Regional, en la actualidad existen tres cabezas, en el mismo nivel operativo, y cada uno gobernando un pedazo del territorio del Gran Chaco, lo que dificulta de sobremanera, la posibilidad de planificar a mediano y largo plazo, y consensuar y coordinar una Agenda Regional Matricial.
Lo que planteo es que las actuales estructuras ejecutivas y operativas, se modifiquen en el nivel ejecutivo, haciendo desaparecer a las secretarias y sustituirlas por las direcciones; con esta medida, lograríamos que sea más simple ágil y eficiente.
Este paso daría lugar a debatir la funcionalidad de la actual estructura y la necesidad de hacer reformar substanciales en el Estatuto Regional.
c) Simplificación Administrativa y Reducción de Costos
La simplificación de la estructura administrativa y la fusión de secretarías también implican una reducción en los costos asociados a la gestión pública. Al fusionar áreas con funciones similares, se elimina la duplicación de tareas y se optimizan los recursos humanos y materiales. Esto no solo reduce el gasto administrativo, sino que también contribuye a una mayor transparencia y rendición de cuentas, al haber menos unidades y cargos a supervisar.
La Ley N° 974 de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, establece la obligación de los funcionarios públicos de gestionar los recursos con responsabilidad y eficiencia. La fusión de secretarías no solo es una medida de austeridad, sino también un paso importante hacia la mejora en la gobernanza y la lucha contra la corrupción, ya que simplifica la estructura administrativa y facilita el control y la supervisión de las actividades del gobierno regional.
Beneficios de la Fusión de Secretarías
a) Mayor Agilidad en la Toma de Decisiones
Las direcciones y unidades, al tener una estructura más pequeña y con menos niveles jerárquicos, permiten una mayor agilidad en la toma de decisiones. En el caso de Caraparí y Villa Montes, esto podría resultar en una mejor atención a la población, pues las decisiones se toman más rápidamente y se implementan de manera más efectiva.
b) Reducción de la Burocracia
La fusión de secretarías simplifica la estructura administrativa, reduciendo la cantidad de trámites y procesos burocráticos que a menudo retrasan la implementación de políticas públicas. La eliminación de funciones duplicadas también elimina los obstáculos para una gestión más fluida y orientada a resultados concretos.
c) Mejora en la Coordinación Interinstitucional
La fusión de secretarías puede generar una mayor coordinación entre las diferentes áreas del gobierno regional, dado que las funciones se concentran en menos unidades, lo que facilita la colaboración entre departamentos. En lugar de tener múltiples secretarías que a menudo no se coordinan adecuadamente, las direcciones pueden trabajar de manera más integrada, compartiendo información y recursos de manera más eficiente.
La fusión de secretarías y su reemplazo por direcciones y unidades en los municipios de Caraparí y Villa Montes es una medida estratégica para mejorar la eficiencia administrativa, reducir la burocracia y optimizar los recursos del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco. Esta reforma debe ser implementada con una visión clara de descentralización y eficiencia, respetando siempre la autonomía de los municipios y garantizando que los servicios a la población no se vean afectados. La simplificación de la estructura administrativa es un paso hacia una mayor transparencia y un gobierno más
CUARTA PROPUESTA DE SOLUCIÓN: Gestión de Recursos del Gobierno Nacional para Programas Sociales
Finalmente, se propone que el Ejecutivo Regional realice gestiones ante el Gobierno Nacional para garantizar asignaciones recurrentes de Bs. 11 millones para programas sociales. Esta es una medida necesaria para asegurar la sostenibilidad de iniciativas sociales como la entrega de canastas alimentarias. La cooperación intergubernamental es esencial para lograr una administración pública eficiente. Según la Constitución Política del Estado, el Estado debe garantizar el acceso equitativo a los recursos para todos los ciudadanos, y la asignación de recursos para proyectos con alto impacto social debe ser una prioridad.
La gestión eficiente de los recursos públicos es un componente esencial para el desarrollo económico y social de cualquier región. En el caso del Gobierno Autónomo Regional (GAR) del Gran Chaco, el ejecutivo regional, José Luis Ábrego, ha logrado obtener una cantidad significativa de recursos del Gobierno Nacional para diversos proyectos. Este éxito, si bien debe ser reconocido, también representa una oportunidad para reforzar y consolidar la asignación recurrente de Bs. 11 millones anuales para programas con alto contenido social, como la entrega de canastas alimentarias para personas de la tercera edad, que constituye una medida urgente y necesaria para mitigar la desigualdad social en la región.
La propuesta de realizar gestiones ante el Gobierno Nacional para garantizar una asignación recurrente de Bs. 11 millones busca darles continuidad a estos programas, así como fortalecer la capacidad del gobierno regional para atender de manera efectiva las necesidades más urgentes de la población más vulnerable. Este enfoque se basa en principios fundamentales de justicia social, transparencia y eficiencia en la gestión pública, todos respaldados por la legislación boliviana y por la necesidad de consolidar la autonomía regional para el bienestar de la población.
Marco Legal que Respaldan la Solicitud de Asignación de Bs. 10 Millones
a) Principios Constitucionales y de Justicia Social
La Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 8, establece que el Estado debe garantizar la igualdad y no discriminación de todas las personas. En ese sentido, los programas sociales destinados a las personas de la tercera edad, uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, son una medida directa para hacer efectiva la igualdad material entre los ciudadanos.
La CPE y la Ley 369, General de las Personas Adultas Mayores, se establece que los derechos de las personas de la tercera edad deben ser garantizados por el Estado, lo que implica una obligación de implementar políticas públicas que les aseguren una vida digna, acceso a servicios básicos y bienestar social. La asignación de Bs. 11 millones anuales para el programa de canastas alimentarias es un paso hacia el cumplimiento de este mandato constitucional, garantizando que el Estado asuma su responsabilidad en el cuidado de los adultos mayores.
b) Ley N° 031 de Autonomías y Descentralización
La Ley N° 031 de Autonomías y Descentralización (Ley de Autonomías), en sus artículos 7, 8 y 9, establecen que los gobiernos autónomos deben gestionar sus recursos de manera eficiente y orientada al bienestar colectivo, promoviendo la descentralización de servicios y garantizando el acceso equitativo a los beneficios del desarrollo. Solicitar la asignación de Bs. 11 millones recurrentes para un programa social no solo es coherente con esta ley, sino que refleja una estrategia clara de planificación de políticas públicas que responden a las necesidades de la población y promueven el desarrollo regional.
El artículo 9 también resalta la importancia de una gestión eficiente de los recursos públicos y de la transparencia en su utilización, lo que implica que la solicitud de estos recursos debe estar respaldada por un plan de ejecución claro, que garantice el uso adecuado de los fondos y que pueda ser auditado y supervisado de manera efectiva.
d) Ley N° 974 de Transparencia y Lucha contra la Corrupción
La Ley N° 974 de Transparencia y Lucha contra la Corrupción establece, en su artículo 8, que las entidades públicas deben garantizar la transparencia en la gestión de los recursos, promoviendo el uso eficiente y responsable del dinero público. Este principio debe aplicarse a todas las gestiones realizadas por el Ejecutivo Regional, incluidas las solicitudes de asignación de recursos ante el Gobierno Nacional. La propuesta de gestionar Bs. 11 millones para un programa de alto impacto social debe ir acompañada de un plan de rendición de cuentas claro y accesible para la población, garantizando que los fondos se destinen exclusivamente al objetivo previsto y no sean malversados.
Justificación de la Solicitud de Asignación Recurrente de Bs. 10 Millones
a) Continuidad y Sostenibilidad de Programas Sociales
La asignación recurrente de Bs. 10 millones tiene la ventaja de asegurar la continuidad y sostenibilidad de programas sociales con alto contenido social, como la entrega de canastas alimentarias para las personas de la tercera edad. Estos programas no deben depender de fondos puntuales o de gestiones ad-hoc, sino que deben estar incorporados en el presupuesto nacional de manera recurrente, garantizando así su ejecución sin interrupciones.
Los programas de asistencia social no solo cumplen un papel de alivio inmediato para las personas necesitadas, sino que también tienen un impacto positivo a largo plazo en la reducción de la pobreza y la mejora de la calidad de vida de los grupos más vulnerables. Por lo tanto, es crucial que estos programas cuenten con la certeza de financiamiento, lo que se logra mediante la asignación recurrente de los recursos.
b) Fortalecimiento del Compromiso con los Más Vulnerables
Solicitar esta asignación recurrente también refleja un compromiso firme con los sectores más vulnerables de la población. La persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad —como los adultos mayores— debe saber que el Estado está comprometido con su bienestar, y que no depende de la voluntad de un gobierno o de los recursos extraordinarios disponibles en un momento determinado. El carácter recurrente del financiamiento fortalece la confianza de la población en las políticas públicas, demostrando que estas no son medidas temporales, sino acciones sistemáticas para garantizar los derechos de todos.
c) Complementariedad con Recursos Nacionales y Locales
El ejecutivo regional, José Luis Ábrego, al haber logrado asegurar recursos importantes del Gobierno Nacional en diversos proyectos, tiene una base sólida sobre la cual puede gestionar la asignación recurrente de Bs. 11 millones. Este tipo de recursos debe complementarse con el presupuesto propio del GAR, asegurando que los fondos se destinen a proyectos de impacto social y no se desvanezcan en gastos administrativos o de gestión innecesarios.
La experiencia de gestiones anteriores demuestra que, cuando se gestionan recursos de manera adecuada y se destinan a programas con impacto social, los resultados son mucho más satisfactorios para la comunidad. Así, la asignación de Bs. 11 millones recurrentes sería un paso hacia un modelo de gestión financiera más eficiente y responsable.
CONCLUSIÓN: Debe dejar de ser un Simple Cajero y Gestionar
El Gobierno Regional del Gran Chaco enfrenta importantes desafíos en cuanto a la eficiencia administrativa y la satisfacción de las necesidades sociales de su población. Si bien las propuestas de ajuste presupuestario, modificación de la escala salarial y fusión de secretarías pueden resultar en una mejora a corto plazo, es necesario que estas reformas se implementen con un enfoque estratégico, participativo y sostenible, para garantizar que la gestión pública sea eficiente, justa y capaz de responder a los intereses de la ciudadanía.
Principio Subsidiaridad
El principio de subsidiaridad, según la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (Ley N° 031) de Bolivia, implica que el Estado debe asumir la responsabilidad de atender las necesidades y demandas de la sociedad en la medida en que no pueda ser resuelta de manera más eficiente por un nivel de gobierno más cercano al problema. Es decir, las autoridades y gobiernos locales o regionales deben tener prioridad en la gestión de los asuntos que les competen, y solo cuando no puedan atender adecuadamente dichos asuntos, el nivel superior (como el Gobierno Nacional) debe intervenir.
Este principio está fundamentado en el artículo 5.12[6] de la Ley N° 031, que establece que los gobiernos autónomos deben asumir las competencias que les son propias, y solo en casos donde los niveles inferiores no puedan cumplir con la tarea de forma eficiente, el Estado central puede intervenir. Esto busca garantizar una mejor gestión local, fortaleciendo la autonomía de los gobiernos regionales y municipales y promoviendo un uso más cercano y eficaz de los recursos públicos, respetando la capacidad de cada nivel de gobierno.
En términos sencillos, la subsidiaridad busca descentralizar el poder y fomentar que las soluciones a los problemas sociales, económicos y políticos se tomen en los niveles más cercanos a la ciudadanía, promoviendo la eficiencia y el fortalecimiento de las autonomías.
La solicitud de asignación recurrente de Bs. 11 millones para programas sociales es una medida que responde a principios fundamentales de justicia, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Este financiamiento recurrente garantizaría la sostenibilidad de los programas de asistencia social y permitiría al Gobierno Autónomo Regional fortalecer su compromiso con los más vulnerables, especialmente con las personas de la tercera edad. Esta acción, respaldada por la legislación boliviana, representa un paso hacia una gestión más justa, eficiente y responsable.
El rol del ejecutivo regional del Gran Chaco, José Luis Ábrego, trasciende la mera función de administrar recursos públicos. No debe limitarse a ser simplemente un "cajero" que recibe y ejecuta los recursos que le son asignados, sino que tiene la responsabilidad y el mandato otorgado por la ciudadanía para ser un líder proactivo y gestor de soluciones para las necesidades de la población, particularmente para los sectores más vulnerables, como las personas de la tercera edad.
El Mandato Popular y la Gestión Proactiva
El mandato popular que el Ejecutivo Regional recibe en las urnas no se limita solo a la tarea de administrar los fondos públicos, sino que le otorga legitimidad política y moral para tomar decisiones que trasciendan la gestión administrativa. Al ser elegido por los votantes del Gran Chaco, el Sr. Ábrego tiene la obligación ética y legal de ser un gestor de recursos, buscando activamente nuevas fuentes de financiamiento, buscando oportunidades para incrementar el presupuesto regional y asegurando que los recursos disponibles se utilicen de manera eficiente para resolver problemas reales.
En lugar de centrarse exclusivamente en la distribución de los fondos que ya recibe, debe asumir una postura más proactiva, buscando nuevas alianzas con el gobierno nacional, con organismos internacionales, con el sector privado y con otros actores de la sociedad civil para asegurar nuevos recursos que puedan contribuir al bienestar de la comunidad.
La gestión pública no se trata solo de repartir el dinero disponible, sino de planificar, negociar, gestionar y movilizar recursos para implementar proyectos que generen valor social. El Ejecutivo debe ser el principal defensor y promotor de las necesidades de la región. Por ejemplo, en el caso de la canasta alimentaria para personas de la tercera edad, el Ejecutivo debería ser el primero en buscar fuentes de financiamiento, ya sea mediante gestiones ante el gobierno central, alianzas con el sector privado o solicitando cooperación internacional.
Uso del Poder para Gestionar y Buscar Recursos
El poder y el mandato otorgado por el pueblo chaqueño no se limitan solo a la capacidad de administrar lo que se recibe, sino a la responsabilidad de aprovechar los recursos políticos disponibles. El Ejecutivo debe usar su influencia política, habilidades de negociación y liderazgo para obtener los recursos necesarios para los programas prioritarios. En el caso de la canasta alimentaria para personas de la tercera edad, este programa debe ser una prioridad política, no solo como una tarea administrativa, sino como una acción política tangible que demuestre el compromiso de la autoridad regional con los más vulnerables.
Gestión Pública como Liderazgo Responsable
La gestión pública no puede ser entendida como una actividad puramente técnica o administrativa; debe ser considerada como un acto de liderazgo social. El Ejecutivo Regional tiene el deber de liderar el proceso de transformación social, mostrando un compromiso real con los ciudadanos del Gran Chaco, sobre todo con los sectores más vulnerables. Su liderazgo debe ser evaluado no solo por la cantidad de recursos que recibe, sino por su capacidad para movilizar y gestionar esos recursos de manera eficiente, innovadora y con un enfoque centrado en las personas.
El liderazgo político en la gestión pública implica tomar decisiones estratégicas que no siempre son populares o fáciles, pero que son necesarias para garantizar el bienestar a largo plazo de la comunidad. Esto incluye la priorización de proyectos clave, como la canasta alimentaria para personas de la tercera edad, que no solo es una cuestión de justicia social, sino también una decisión política y ética que debe estar en el centro de la agenda del Ejecutivo Regional.
El Impacto de la Gestión Eficiente en la Sociedad
Cuando un Ejecutivo Regional hace una gestión eficiente de los recursos, impacta positivamente en la vida de los ciudadanos. Por ejemplo, al gestionar de manera efectiva un programa de asistencia alimentaria, el Ejecutivo no solo ayuda a aliviar la carga económica de las personas mayores, sino que también genera un sentimiento de pertenencia y confianza en las instituciones públicas, lo que fortalece la cohesión social y la credibilidad institucional.
La gestión pública eficiente también puede estimular la economía local. Un programa como la canasta alimentaria no solo beneficia a los destinatarios directos, sino que también puede generar un efecto multiplicador en la economía local al fomentar la demanda de productos alimenticios y generar empleo en los sectores más necesitados.
El ejecutivo regional del Gran Chaco, José Luis Ábrego, tiene la responsabilidad de no solo administrar los recursos que recibe, sino de liderar la gestión pública buscando activamente los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población, especialmente de los sectores más vulnerables como las personas de la tercera edad. Este enfoque no solo optimiza el uso de los recursos públicos, sino que también fortalece la credibilidad y el compromiso de las autoridades con el bienestar de la ciudadanía, consolidando la autonomía regional y el desarrollo social.
Yacuiba, 1 de diciembre de 2024
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Yacuiba – Gran Chaco – Bolivia
[1] Es especialista, Estratega y Asesor en Gestión Pública, Gobierno, Imagen, Media Training y Comunicación Política.
[2] Muchacho hábil, sagaz, adiestrado, valiente, inteligente y buen conocedor de los caminos, que, montado en la marucha o yegua madrina, guía por un camino escarpado y accidentado a una manada de ganado caballar o vacuno, que es trasladado de un lugar a otro con condiciones mejores para los animales. Es el responsable del animal que hace de cabeza y guía en el arreo de traslado, sea montado sobre él o llevándolo de tiro.
Esta práctica casi ha desaparecido por completo, con la mejora considerable de condiciones de pastoreo, caminos y comunicación, por lo que ya no es necesario movilizar a la tropa de esa forma.
[3] Liberal, libertario, minarquista.
[4] El término "llunk’erio" se utiliza como un adjetivo peyorativo y proviene del quechua "siky llunk'u", que puede interpretarse como un término que describe a una persona torpe o pesada. Se emplea en contextos para referirse a alguien que actúa de manera torpe o que carece de inteligencia, pero es zalamero ante el que tiene el poder, pues de esa forma busca conseguir riqueza fácil, poder, estatus. Con el MAS, esta práctica se ha hecho común e institucionalizado en todas las instancias de poder: es decir, se ha vuelto una parte importante en sus comportamientos políticos.
Cuando el político posee escasa formación y personalidad débil, es presa fácil de este tipo de prácticas, pues los llunk’us al notar la debilidad, abundan en zalamería indisimulada, adulación, lisonjas, obsequiosidad y servilismo abierto. Esto alimenta e infla el ego, provocándole satisfacciones momentáneas, a tal grado que se hace adicto, demandando cada vez mayor dosis. Los expertos llaman a esta desviación falta, como el "Síndrome de Hubris", que es un trastorno que se caracteriza por generar un ego desmedido, un enfoque personal exagerado, aparición de excentricidades y deprecio hacia las opiniones de los demás.
Los que hacen de llunk’us, son personas mediocres, que no ven otro medio para acceder a espacios de poder que, recurrir al llunk’erio, pues de otra manera no lo lograrían.
[5] Ley del Estatuto del Funcionario Público, 22 de octubre de 1999.
[6] La toma de decisiones y provisión de los servicios públicos debe realizarse desde el gobierno más cercano a la población, excepto por razones de eficiencia y escala se justifique proveerlos de otra manera.
Los órganos del poder público tienen la obligación de auxiliar y sustituir temporalmente a aquellos que se encuentren en caso de necesidad. El Estado es el garante de la efectivización de los derechos ciudadanos.
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