Policía Departamental

El dedo en la llaga | ESTEBAN FARFÁN ROMERO

ESTEBAN FARFÁN ROMERO

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YACUIBA – Gran Chaco – TARIJA - BOLIVIA

Ayer (26/04/11), mientras se desarrollaba una marcha de protesta/reproche de vecinos de Pocitos exigiendo a las autoridades seguridad ciudadana (Hrs. 10:00), se produjo un atraco a mano armada a una estación de servicio con un saldo de una persona que perdió la vida y varios heridos. La marcha visitó al Ejecutivo Seccional y éste se comprometió a resolver el asunto a través de decisiones inmediatas; se entrevistaron con el alcalde y éste propuso una cumbre de autoridades en un discurso de plaza. Pasaron por la Fiscalía, pero no pudieron expresar su preocupación porque cerraron las puertas antes que ésta llegue. Pocitos de cansó de los discursos demagógicos de las autoridades. Reuniones, más reuniones pomposas y publicitadas, pero de resultados, nada.

El asambleísta José Quecaña ha propuesto que la Gobernación transfiera más recursos a la Policía Nacional, y Cardozo se adhirió a la propuesta. El acalde municipal Carlos Bru no desaprovechó la oportunidad de hacer política cargada de mucha demagogia con un tema tan sensible y serio. Los políticos expertos en las “soluciones fáciles y rápidas”, siempre salen al paso asumiendo posiciones poco reflexionadas y de baratija que no resuelven nada el tema, o son sólo remiendos.

Es muy triste que nuestras autoridades siempre “actúen rápido” cuando hay presión, siempre tienen que esperar que suceda algo trágico para asumir alguna decisión/acción sobre un determinado asunto. Siempre ha sucedido eso. Pero después que pasa la presión, todo queda archivado en algún gavetero hasta la otra ocasión. Ello ocurre por la falta de planificación, por la falta de capacidad y el escaso interés en los termas realmente importantes.

Yacuiba es una ciudad que está en la línea de fronteriza, por lo que el peligro se acrecienta, y más aun cuando no hay control de los límites internacionales de parte de la Policía, ni de las Fuerzas Armadas. Nuestras fronteras están desprovistas de control y vigilancia, solo hay unos cuantos policías en los tránsitos autorizados y no así en los lugares clandestinos por los que pasan todo tipo de bienes/personas sin control.

La policía es ineficiente, hay pocos efectivos destinados a realizar el trabajo de “garantizar el orden”. Una cantidad importante se encuentra en Bancos y financieras haciendo vigilancia, otros en la burocracia, tránsito, juzgados, peajes, etc. lo que hace que un número muy reducido se dediquen a la seguridad ciudadana.

La presencia de la policía en la calle es disuasiva, por lo que los policías deberían estar patrullando de forma permanente como en las ciudades seguras, pero eso no sucede así porque no hay números de efectivos suficientes y tampoco cuentan con los medios. Se ha denunciado que los mismos policías deben comprarse hasta el arma y el uniforme, porque el Estado no les dota de estos instrumentos básicos. Una vergüenza. Hay turistas que fueron víctimas de atracos, y ese tipo de situación desmotiva que nos sigan visitando.

Es cierto que algunas personas inescrupulosas en la Subprefectura de Yacuiba se han hecho negocios/negociados muy buenos con el tema de seguridad ciudadana proveyendo de bienes/insumos con sobreprecio a la Policía. Algunos incluso no existen/existieron en la realidad, pero se han pagado con firmas falsificadas. Hay una concejala del PAN involucrada en un caso de corrupción por este tipo de casos, que por presión a la justicia, ésta se hace del otro viernes.

Según la CPE, la Policía Nacional, tiene como misión especifica la defensa de la sociedad y la conservación del orden público (Art. 251, CPE), pero la realidad nos demuestra que en el Chaco la Policía padece una pobreza franciscana, a pesar de los recursos que la Prefectura/Gobernación le ha transferido. Según la Constitución, la Policía está al mando del Presidente (Art. 172.18 CPE), pues es el que designa y sustituye al comandante, y la administración/coordinación está a cargo del Ministerio de Gobierno (Art. 252 CPE) dependiendo de éste. La Policía boliviana es una competencia privativa del Nivel Central (Art. 298 CPE), pero desgraciadamente el Gobierno poco ha hecho por resolver/apoyar a la Policía para que cumpla su labor de manera más efectiva.

La Policía carece de efectivos (cantidad) y de formación (cualidad//calidad) para el cumplimiento de la misión que la Constitución le encarga. Es el Gobierno Central el que debe asumir esta responsabilidad al ser una competencia privativa de la misma. No comparto con autoridades inconsistentes/inconstantes, que le eximen/dispensan al Gobierno Central su responsabilidad, que no son capaces de decirle/exigirle al Nivel Central que asuma en serio lo que le corresponde, que asuma su responsabilidad a plenitud.

Han hecho mal las (anteriores y actuales) autoridades al haber brindado importante apoyo logístico a la policía sin hacer que la misma sea registrada como una deuda del Nivel Central. Falta celo/diligencia en nuestras autoridades.

La Gobernación se ha limitado a apoyar con insumos a la Policía Nacional, y no tiene un protagonismo decisorio en temas de seguridad ciudadana por lo que se debe hacer una reflexión profunda de lo que se ha hecho hasta ahora, Es necesario un informes sobre la cantidad de recursos que se han destinado a la Policía en la Prefectura/Gobernación.

Hay convenios interinstitucionales entre la Policía Nacional y la Gobernación para el apoyo logístico como, mantenimiento y reparación de vehículos, refrigerio, material de escritorio, alquiler de vehículos, combustible, material de comunicación, hasta botas para los efectivos y otros elementos. Este apoyo no es nuevo, la Prefectura en el pasado también ha hecho importantes apoyo a la Policía y los resultados son pobres. No es posible que el Gobierno central abandone a su suerte a la Policía, y no tenga ni para bolígrafos, ni hojas de papel. Exactamente lo mismo pasa por salud y educación. Cuentas claras y el chocolate espeso o amistades largas.

Incluso la Subgobernación está asumiendo algunos gastos relacionados con la cárcel pública. ¿Qué más puede/debe hacer la Gobernación con recursos de las regalías que deberían ser invertidos en desarrollo productivo?

A las actuales autoridades de la Subgobernación de Yacuiba se les ha ocurrido implementar las brigadas barriales, que a mi juicio es un parche y no una solución seria al problema. Es echar plata al agua. Hay que tomar al toro por los cuernos, tenemos que crear nuestra Policía Departamental.

Definitivamente, no estoy de acuerdo con que se continúe trasfiriendo importantes recursos de las regalías a la Policía Nacional, si ésta sigue siendo responsabilidad privativa del Nivel Central. Debe asumir su responsabilidad el Ministerio de Gobierno, y más aún cuando este Ministerio ha recibido como nunca antes ha sucedido, importantes recursos del Estado. Más bien lo que se deberá hacer es establecer/constituir como una deuda, lo que la Región/Departamento ha aportado a la Policía Nacional para el cumplimiento de su deber.

Por otro lado, los resultados son invisibles y hasta la fecha no hay una evaluación seria del asunto, por lo que no es correcto que se continúe financiando si no se han obtenido resultados/beneficio mínimos. La Gobernación no tiene ninguna responsabilidad competencial con la Policía Nacional.

También es cierto que la Policía esta infectada con la corrupción y que el Presidente le dio 90 días al actual Comandante para erradicar este mal. ¿Podrá? El comandante actual de Yacuiba ha denunciado que hay policías que “tienen relación” con delincuentes que impiden resolver los casos que se presentan.

Esto no puede seguir así. El Estado no asume su responsabilidad como tal. Las regiones tenemos que salir al paso a suplir la responsabilidad que tiene el Nivel Central en temas importantes como la educación y salud. Desde hace mucho tiempo que la Prefectura/Gobernación está financiando ítems para la cobertura en estas áreas. No es posible que esto siga así. Todos estos recursos erogados deben conciliarse y formar parte y establecerse como una deuda que el nivel central tiene.

Sin contradecir la Constitución es posible crear una Policía Departamental, con la misión de otorgar seguridad ciudadana a la sociedad y debe estar al mando del Gobernador y en los Municipios de los Ejecutivos Seccionales. La Constitución (Art. 299, II, 13) establece como competencia concurrente la seguridad ciudadana, por lo que se podría invocar este articulo para la creación de una Policía Departamental que tenga objetivos claros y preciso orientados a la seguridad ciudadana.

A esa Policía, los Gobiernos Departamentales, con los Municipios deberán aportar con recursos para sus sostenibilidad y financiamiento de sus operaciones.

De esa forma tendremos Policías que son/serán nuestros y formados/entrenados con visión y compromiso regional y sentimiento de raigambre. Los policías nacionales son itinerantes y de escasa formación cognoscitiva lo que dificulta el cumplimiento de su deber. Nuestra Policía Departamental buscaría corregir este defecto, brindando una capacitación estricta en derechos humanos, ética y compromiso social para el cumplimiento efectivo/eficiencia de su misión. Además de bien equipados, muy bien pagados. Así no habría riesgo de invertir en su capacitación, y que después sean removidos a otra parte.

Por otro lado, la seguridad ciudadana es una responsabilidad de todos, no solo de la Policía Nacional. Algunos padres de familia aportan muy poco en este asunto, pues no saben/controlan a sus hijos. Con esto de la crisis económica, hay padres que han abandonado literalmente a sus hijos en sus mismas casas. No conocen sus actividades y no tienen ningún control. Se educan a través de la TV, radio y los amigos. Ya no hay la comunión/comunicación que debería existir en un hogar modelos. Ni que decir de las consecuencias en los hijos de las parejas/matrimonios disueltas. Cuando el núcleo familiar se diluye, las consecuencias son catastróficas. Hay divorcios a granel, y no hay ninguna repartición del Estado que prevenga este tipo de situaciones.

También, las discotecas/bares/clubes nocturnos hacen su agosto todos los meses hasta la hora que les da la gana sin ningún control. Hay lugares supuestamente sólo para adolecentes donde se expenden bebida alcohólicas, cocaína, marihuana a niños de 10, 12 14 17 años impunemente, sin control del Estado a través de la municipalidad. Se ha denunciado que incluso en colegios había circulación de marihuana, y como siempre se prefiere dejar todo debajo de la alfombra. Hay padres que no saben que hacen sus hijos a las 3, 4 de la madrugada. Cuando se enteran, ya es demasiado tarde.

Los del Gobierno Municipal cada vez dicen que hay un plan de seguridad ciudadana, pero este plan nadie conoce. Todos hacen política con el tema y buscan sacarle el mejor beneficio. Hay celos internos políticos que no permiten mínimos niveles de coordinación, pues al frente también dicen que tienen un plan. Así están las cosas. Todos andan de espalda y la inseguridad ciudadana crece cada día. La reunión de hoy será una más de la tantas realizadas. Muchos discursos, spot, declaraciones grandilocuentes y cero resultados. Pasada mañana ocurrirá otra situación que conmoverá, y nuevamente se repetirá el ciclo.

Hay Consejo de Seguridad Ciudadana para todos los gustos, hay uno que es el formal/legal, y hay otro paralelo (dicen de la sociedad civil). Nadie se entiende. No ha desprendimiento y madurez, porque cuando el alcalde convoca, los otros no asisten y cuando el otro convoca estos no asisten.

Todos sabemos de memoria que la inseguridad ciudadana en una consecuencia de ciertas causas. La falta de control de los padres, de la droga, el alcohol, la falta de empleo, de la ruptura del núcleo familiar, pero ¿Qué hacen las autoridades? Solo demagogia, puros discursos, pura charla como diría mi abuelo.

Hay una cantidad muy importante de adolescentes que están inmersos en el mundo de la delincuencia y requieren de asistencia del Estado y no hay espacios para la rehabilitación e reinserción a la sociedad de estas personas ya reformadas. Solo buenos discursos, y pilatos.

A mí me robaron una moto el año 2009 en la puerta de mi oficina a media tarde, y no se pudo esclarecer el asunto hasta la fecha. La Policía todo el tiempo me ha exigido financiar los operativos porque no tenían recursos, ni para la gasolina del vehículo. Un día de tanto andar, uno de los policías en un arranque de sinceridad me confesó que debería dejar de seguir gastando en la búsqueda porque descubrió que el robo tuvo motivaciones políticas de escarmiento. Me dijo que hay algunas autoridades que manejan a grupos que hacen ajustes de cuentas. Me dio algunos nombres y detalles de la forma como operan. ¿Cómo podemos confiar en autoridades, si éstas están involucradas en prácticas del hampa? Hace poco le robaron a un periodista una computadora, y el ladrón al verse acorralado apuntó inmediatamente a un diputado y su hermano el financiamiento del trabajito. Ninguno de los casos se ha esclarecido. (Yacuiba 00/04/11)

ESTEBAN FARFÁN ROMERO, es periodista, analista político y docente.

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